Nuevo Marco Tarifario para Grandes Prestadores de Acueducto y Alcantarillado

Los colombianos cuentan, a partir de hoy, con un Nuevo Marco Tarifario de Acueducto y Alcantarillado aplicable a Grandes Prestadores de estos servicios públicos en el país.

Se trata de una metodología tarifaria que establece, entre otros aspectos, reglas claras para garantizar tarifas justas para alrededor de 30 millones de usuarios y representa un paso significativo en el fortalecimiento de un esquema tarifario caracterizado
por la equidad, la transparencia, la eficiencia y la sostenibilidad.

Este avance se orienta a asegurar condiciones que favorezcan el acceso equitativo y la adecuada calidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios esenciales.

La nueva regulación, expedida mediante la Resolución CRA 1032 del 24 de marzo de 2026, es resultado del trabajo conjunto de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).

Este marco tarifario se emitió tras cinco años de evaluación técnica rigurosa y un proceso amplio de revisión pública al que fueron sometidos los estudios técnicos de soporte, el proyecto de resolución y su respectivo documento de trabajo.

Durante la consulta pública se recibieron 1.631 aportes, entre sugerencias, observaciones y reparos remitidos por la ciudadanía, la academia, las empresas, los gremios y los diferentes actores del sector, los cuales se tuvieron en cuenta en la formulación.

Un marco tarifario al servicio del país y al Derecho al Agua

La nueva normativa, que aplica para los prestadores que atiendan a más de 5.000 suscriptores ubicados mayoritariamente en zonas urbanas, adopta un esquema regulatorio de carácter diferencial, que articula consideraciones económicas con un enfoque basado en derechos, procurando un equilibrio entre la garantía de los estándares asociados al Derecho Humano al Agua y al Saneamiento Básico, tales como disponibilidad, accesibilidad, calidad, no discriminación, igualdad y la preservación de la sostenibilidad financiera de los prestadores.