Congreso Naturgas, discurso de Juan Manuel Rojas

Colombia enfrenta hoy una decisión que definirá su seguridad energética, su competitividad
y el bienestar de millones de ciudadanos en las próximas décadas. No es un debate técnico ni sectorial. Es una elección sobre cómo garantizamos energía asequible para los hogares,
competitividad para nuestra industria, y oportunidades reales para que millones de
colombianos aprovechen plenamente los beneficios de la energía en su vida cotidiana.

Durante los próximos días, en este Congreso, no discutiremos simplemente políticas
sectoriales. Estaremos, en esencia, frente a dos visiones de país: dos formas de construir
bienestar, de cerrar brechas y de garantizar servicios públicos que funcionen para todos.

Por un lado, una visión más estatista, en la que predomina la intervención directa del Estado en la actividad empresarial, en la fijación de precios, en la asignación de recursos y en la provisión de servicios. Una visión que reduce el espacio de la iniciativa privada y apuesta por un mayor control centralizado.

Por el otro, un modelo que ha sido la base del desarrollo de nuestro sector en las últimas
décadas: un modelo mixto, donde el Estado regula, planea y supervisa, pero donde tanto el
sector privado como las empresas estatales invierten, innovan, operan y compiten. Un
modelo que promueve mayor oferta, mejores precios, expansión de cobertura, eficiencia en
la prestación del servicio y que ha permitido evitar crisis de abastecimiento.

Permítanme ser claro: la historia reciente de Colombia es una evidencia contundente de los
resultados positivos de este segundo modelo.

Hace poco más de tres décadas, menos del 10% de los hogares colombianos tenía acceso al gas natural. Hoy, esa cifra supera el 65%, alcanzando a más de 36 millones de colombianos. No es solo una cifra: es una transformación social profunda.

Detrás de esa expansión hay inversión pública y privada, reglas de juego claras, una
institucionalidad sólida y una visión de largo plazo que permitió llevar el servicio a ciudades, municipios intermedios y territorios históricamente excluidos.

El desarrollo no tiene atajos. Pasar de menos del 10% a cerca del 70% de cobertura no es
casualidad. Es el resultado de decisiones correctas sostenidas en el tiempo.

Pero no se trata solo de cobertura. Se trata de bienestar.

Un hogar que migra de leña, carbón o GLP hacia el gas natural reduce significativamente su
gasto energético —entre 30% y 50% en muchos casos—, pero además gana en salud, en
tiempo y en calidad de vida. Especialmente mujeres, niños y adultos mayores.

El gas natural ha sido, y sigue siendo, una de las políticas sociales más efectivas de Colombia.

Por eso, cuando hablamos de modelos de industria, no hablamos de teoría. Hablamos de lo
que millones de familias podrían ganar… o perder.

Si Colombia opta por un modelo altamente intervencionista, lo que está en riesgo no es solo la rentabilidad de las empresas. Está en riesgo la expansión del servicio, la sostenibilidad del sistema y, en última instancia, el bienestar de los usuarios.

• Está en riesgo que sigamos cerrando brechas.
• Está en riesgo la competitividad de nuestra industria.
• Está en riesgo la capacidad del sistema energético de acompañar el crecimiento del
país.
• Y, sobre todo, está en riesgo nuestra capacidad de reducir la pobreza energética.

Porque la pobreza energética no es solo una carencia técnica. Es una barrera estructural al
desarrollo humano. Limita oportunidades, profundiza desigualdades y restringe el potencial
de millones de colombianos.

Y aquí el gas natural, junto con la participación del sector privado, tiene un rol insustituible.
La experiencia es clara: donde hay condiciones para la inversión, hay expansión de redes,
innovación y soluciones adaptadas a las realidades locales.
La masificación del gas natural ha sido posible precisamente porque hemos combinado
política pública con capacidad empresarial.
Si queremos acelerar la reducción de la pobreza energética, necesitamos más de ese modelo,
no menos.
• Necesitamos reglas estables.
• Subsidios bien focalizados.
• Mecanismos de financiación que permitan conectar a los más vulnerables.
• Y una visión que entienda la energía como un habilitador del desarrollo.

Pero también necesitamos actuar con urgencia frente a los desafíos actuales.

Hoy enfrentamos una realidad incómoda: restricciones de oferta. Colombia necesita más
moléculas de gas. Sin embargo, las señales de política pública han desincentivado la
exploración y la producción. El resultado es evidente: faltan moléculas de gas, mientras
sobran moléculas de carbón y de líquidos más contaminantes. Entones, estamos en la práctica, carbonizando nuestra matriz energética por errores de política pública y por
omisión.

Y, al mismo tiempo, nos faltan electrones firmes que respalden la demanda, especialmente
ante eventos como el Fenómeno del Niño.

Esta no es una discusión ideológica. Es una realidad técnica que exige decisiones pragmáticas.

En el corto plazo, debemos habilitar todas las fuentes disponibles: producción nacional,
importaciones y contratos de largo plazo que den estabilidad al sistema.

En el mediano plazo, debemos destrabar la infraestructura. Colombia necesita avanzar con
decisión en regasificación, en ampliación de transporte de moléculas y electrones, en la
promoción de esquemas de almacenamiento estratégico, y en la eliminación de restricciones
operativas que hoy limitan la flexibilidad del sistema.

No podemos seguir aplazando decisiones que toman años en materializarse. Cada retraso se traduce en mayores precios, menor confiabilidad y competitividad para el país.

Y en el largo plazo, el desafío es aún más profundo: construir una visión integral del sistema energético. Hoy seguimos operando con una lógica fragmentada. El mundo avanza hacia sistemas integrados, donde moléculas y electrones se gestionan de manera coordinada, optimizando recursos y reduciendo riesgos. Colombia no puede quedarse atrás. Necesitamos una regulación que entienda esas interdependencias y una institucionalidad que piense en sistema, no en segmentos.

Señoras y señores, a pesar de los desafíos, este es también un momento para el optimismo. Porque esta industria ha demostrado su capacidad de transformar realidades.

Hace 30 años, el acceso al gas natural era una aspiración. Hoy es una realidad para millones.

Hace 30 años, la masificación energética era una meta. Hoy es una política consolidada.

Y podemos ir más allá.

Podemos construir un país

• Donde el acceso a la energía sea prácticamente universal.
• Donde la pobreza energética sea marginal.
• Donde los hogares tengan energía asequible, confiable y segura.
• Donde la industria sea competitiva gracias a costos energéticos eficientes, y
• Donde el sector público y el privado se complementen para generar soluciones.

Ese país es posible, pero, no es automático. Dependerá de las decisiones que tomemos hoy. De la visión que escojamos como sociedad. Y de nuestra capacidad de trabajar juntos.

Fuente: Promigas