Para Acopi, un Decreto no resuelve los problemas estructurales de La Guajira

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Imagen de referencia: International Work Group For Indigenuos Affairs

La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, reconoció las necesidades sociales que vive el departamento de La Guajira.

Sin embargo, cree que existen problemas estructurales que exigen cambios profundos para que cualquier esfuerzo económico genere los resultados esperados, al tiempo que formula observaciones al Decreto 1276 expedido por el Gobierno Nacional el pasado 31 de julio.

Acopi estima que aunque el Decreto estipula un período de seis meses y su prolongación está sujeta a la decisión del Congreso de la República,  experiencias históricas previas, apuntan a que existe una alta probabilidad de que esta medida sea permanente.

Asimismo, estima que gran parte de las situaciones que afectan a la península se derivan de costumbres ancestrales y normas que protegen a los grupos étnicos, lo que posiblemente ha limitado el crecimiento, el desarrollo y la creación de mejores condiciones sociales.

El gremio afirma que este Decreto, desafortunadamente, parece haber omitido la consideración de la situación actual en cuanto a las tarifas de energía en la región Caribe.

Y agrega que resulta crucial reconocer que las tarifas vigentes en esta región son
notablemente distintas y divergentes de las que están en vigor en otras partes
del país.

Los pequeños y medianos empresarios recuerda que se espera una agudización del Fenómeno del Niño este semestre, que según ya anunció el Ministerio de Minas y Energía provocará el aumento del costo de la energía.

Otro aspecto que preocupa al sector es la posible afectación a los contratos de suministro
de energía de largo plazo, que presentan un retraso constituyéndose en
un obstáculo en la transición energética.

Según cifras de SER Colombia, cita la Asociación, el 65% de los proyectos de energía en ejecución se enfrentan a retos significativos asociados a consultas previas y licencias ambientales.

Finalmente, señala que según lo establece la constitución, corresponderá a la Corte Constitucional revisar si este se ajusta a los parámetros establecidos a la potestad que tiene el presidente de expedir Decretos en virtud de la emergencia económica.

Este pronunciamiento lo firma la Presidente Nacional de Acopi, Rosmery Quintero Castro.

Fuente: Acopi