PRUNUNCIAMIENTO DE ACOPI
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el Decreto 0572 de 2025, que entrará en vigencia a partir del 1.º de junio del presente año.
Esta medida busca “mejorar el flujo de caja del Estado mediante el incremento del recaudo anticipado del impuesto de renta vía autorretenciones especiales”, llevando al límite el pago anticipado establecido en el artículo 365 del estatuto tributario.
Ante esta circunstancia, el Gobierno Nacional, encabezado por el Presidente de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, debe reflexionar en torno a:
1. En el contexto de la actual incertidumbre económica, social y política del país, es necesario garantizar el buen desempeño de los distintos sectores y subsectores empresariales, a fin de que los saldos a favor puedan ser devueltos de manera oportuna.
2. Resulta complejo para el sector empresarial asumir adecuadamente nuevas obligaciones que, de no ser cumplidas, conllevarían a la aplicación de un régimen sancionatorio, especialmente cuando se presentan cambios abruptos en la mayoría de las actividades sin una planificación presupuestal previa, como suele ocurrir.
3. Bajo este mismo contexto de incertidumbre y deterioro de los indicadores fundamentales, las tasas de interés se mantienen significativamente altas. Esto obliga a los empresarios, en su esfuerzo por evitar sanciones, a recurrir a un sistema financiero de difícil acceso y, en el peor de los casos, a exponerse a prácticas de agiotismo que resultan aún más perjudiciales.
Durante 2024, las devoluciones de saldos a favor se redujeron en un 23,41 % frente al año anterior, reflejando las crecientes dificultades que enfrenta el tejido empresarial.
La situación se vuelve aún más crítica si consideramos que el 42,9 % de las MiPymes reportaron una caída en su rentabilidad, según la Encuesta de Desempeño Empresarial del cuarto trimestre de 2024.
En este orden, muchas compañías se ven obligadas a transferir recursos al Estado con cargo a ingresos que aún no han generado, lo que se traduce en una pérdida inmediata de capital de trabajo.
Esta presión fiscal limita seriamente su capacidad para cumplir con compromisos fundamentales como el pago de nómina, la atención a proveedores y las obligaciones crediticias.
Por otro lado, el aumento en las tarifas de las autorretenciones especiales podría incidir en un alza de la inflación, especialmente si se considera que muchas de las actividades económicas afectadas por este incremento pertenecen a sectores clave como el agropecuario y el comercio.
Vale la pena preguntarnos si estos 7,38 billones de pesos tienen un destino estratégico que realmente contribuya a resolver problemáticas estructurales del país, como el orden público, la salud, la infraestructura o los servicios públicos, entre otros.
Es fundamental que los recursos recaudados no se utilicen con fines proselitistas, sino que respondan a criterios de eficiencia, equidad y beneficio colectivo.
Así las cosas, advertimos que la destrucción empresarial se concentra principalmente en este segmento.
Solo en 2024 se registró la desaparición de 279.740 empresas, de las cuales 277.597 fueron microempresas, lo que representa el 99,2 % del total.
Esta alarmante situación se agrava aún más ante la posibilidad de que la reforma laboral en curso incremente los costos laborales, poniendo en riesgo la sostenibilidad de miles de micro, pequeñas y medianas empresas en el país.
Por ello, desde del Observatorio Nacional de la MiPyme, hacemos un llamado a los entes de control para que los recursos recaudados no se utilicen con fines proselitistas, sino que sean invertidos de forma responsable en la solución de las múltiples y complejas problemáticas sociales y económicas que enfrenta la nación.
Cordialmente,
ROSMERY QUINTERO CASTRO
Presidente del Observatorio Nacional de la MiPyme y Directora Ejecutiva de ACOPI
