La mesa de diálogo comenzará en Bogotá este jueves en las instalaciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a partir de las 11:00 a.m. Uno de los puntos más urgentes de la negociación: fijación de precio del arroz.
Asistirán, la ministra y viceministra del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; ministra y viceministro del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; viceministro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Además, estarán presencialmente, 14 de los miembros del Comité Nacional de Arroceros del Paro y 8 de manera virtual, quienes representan a los arroceros que se movilizan en los diferentes departamentos.
Siguen los bloqueos
Los bloqueos viales continuarán hasta la culminación de la negociación de los puntos fundamentales del pliego de exigencias, entre estos:
ü Régimen de libertad vigilada, que es la urgencia de establecer un precio justo.
ü Incentivo de parafiscales a los agricultores y pago de los apoyos a la comercialización.
ü La TUA – Tasa Uso Agua con la que no ha habido ninguna modificación.
ü El incumplimiento de los compromisos firmados y la necesidad de implementar controles efectivos contra el contrabando e importaciones desde Ecuador, así como una revisión urgente de los TLC.
Uno de los puntos más álgidos de la negociación es el precio del arroz, que cayó de $235.000 a $170.000 por carga de 125 kilos, generando una diferencia crítica.
Se calcula que en pérdidas del primer semestre llegaron a $297 mil millones de pesos y para el segundo se estiman en $772 mil millones de pesos.
La preocupación por el precio del arroz no se limita a las pérdidas ya registradas en el primer semestre, sino que se agrava con las que actualmente se están generando en plena cosecha.
No se puede seguir justificando la inacción con argumentos sobre la producción, mientras se permiten importaciones sin control y contrabando que destruye el precio interno y condena al productor nacional.
Si bien, el Gobierno ha presentado una resolución con el objetivo de fijar el precio del arroz, está presentando vacíos técnicos y jurídicos.
Por un lado, no establece los parámetros de calidad que debe cumplir el agricultor al entregar el arroz como impurezas y humedad.
Lo que deja la puerta abierta a abusos por parte de la industria hacia el agricultor imponiendo condiciones arbitrarias para frenar las compras.
Adicionalmente, la resolución omite definir la forma de pago. Dado que, el pago anticipado se redujo del 25% al 15%, y el 85% restante solo se entrega después de 45 o 50 días, agudizando la asfixia financiera del productor.
A esto se suman vacíos jurídicos que dependen del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pero que tampoco han sido abordados.
Además, existe un riesgo claro frente al industrial que puede negarse a acogerse a la resolución alegando falta de recursos o temor a ser investigado por la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que dejaría a los agricultores sin compradores y con su cosecha en riesgo total.
Fuente: Federación Colombiana de Arroceros
