Verano propone una decisión política urgente para evitar un apagón como el del 92

En la clausura del 12.° Foro Energético Andeg, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, hizo un llamado urgente al Gobierno nacional y al sector eléctrico para adoptar medidas de fondo que garanticen la seguridad energética del país.

Advirtió que un nuevo racionamiento tendría efectos devastadores sobre la economía y la calidad de vida de los colombianos.

“El recuerdo del apagón de 1992, que nos costó el 3 % del PIB, debe ser suficiente para actuar con responsabilidad. No podemos repetir esa historia: un racionamiento es el mayor golpe posible a la productividad, la competitividad y la calidad de vida”, subrayó Verano.

El mandatario destacó que, aunque los embalses reportan hoy niveles del 82.48 %, el riesgo de un verano intenso o la falta de respaldo térmico confiable podría desencadenar una crisis. En este sentido, Verano señaló que se deben dar soluciones de fondo como:

Una decisión política urgente en el Presupuesto Nacional 2026 para saldar las deudas de Air-e y Afinia mediante un fideicomiso transparente que garantice el pago a generadores y transportadores.

Fortalecer a ISA–Transelca como gestor técnico integral para ejecutar mantenimientos urgentes y destrabar proyectos represados.

Impulsar inversiones en infraestructura eléctrica (subestaciones, líneas de alta tensión y tecnología de control) que no pueden seguir aplazándose.

Avanzar en la transición energética con los más de 15.000 MW de proyectos solares y eólicos aprobados, pero de manera gradual y con respaldo firme de las térmicas.

Revisar el sistema tarifario del Caribe, que hoy castiga a los usuarios y frena la inversión.

“El Caribe tiene el mayor potencial de energías renovables del país, pero la transición no puede ser sinónimo de fragilidad. Necesitamos un modelo ordenado, equilibrado y realista”, precisó.

Verano recordó que las pérdidas de un racionamiento serían inmensas: un mes representaría 5.7 billones de pesos (0.33 % del PIB), tres meses 17 billones (1 % del PIB), y nueve meses —como en los años 90— más de 51 billones, equivalentes al 3 % del PIB actual.

“Estas cifras hablan por sí solas: el costo de no actuar es mucho mayor que el de pagar las deudas, ejecutar los mantenimientos, destrabar proyectos e invertir en el sistema”, concluyó.

Fuente: Gobernación del Atlántico