Se realizó en la Gobernación del Atlántico el Comité Interinstitucional del Programa Anticontrabando, presentando los resultados de la lucha contra el comercio ilegal.
De acuerdo al informe presentado por la Secretaría de Hacienda departamental y la Federación Nacional de Departamentos, FND, la incidencia del cigarrillo ilegal se redujo del 51 % al 47 %, una disminución de cuatro puntos porcentuales que representa un avance en la defensa de la salud pública, la inversión social y las rentas departamentales.
La secretaria de Hacienda del Atlántico, Nini Cantillo, sostuvo que la administración ha asumido con responsabilidad este compromiso de liderar el Comité Interinstitucional de Lucha Anticontrabando a través de la Subsecretaría de Rentas, como una tarea fiscal o administrativa y una verdadera política de protección social.
Destacó que en 2024 aumentaron las visitas de control en el Atlántico para 4.189; 235 actas de aprehensión y 17 cierres.
Comparado con 2023 que solo tuvo 1.885,167 actas de aprehensión y 11 cierres; mientras que en 2022 se realizaron 1.702 visitas de control, 277 actas de aprehensión y 10 cierres.
En 2024 se decomisaron 45.194 unidades valoradas en $171.606.500 millones en licores, cervezas y cigarrillos, para un crecimiento del 101 % en aprehensiones frente a 2023.
Además, se realizaron seis operativos de alto impacto por mercancía incautada por un valor de $424 millones, el desmantelamiento de dos laboratorios de licor adulterado, la captura de siete personas y la incautación de más de 1.000 botellas y elementos falsificados.
Cantillo precisó que el contrabando no es un delito menor, sino una amenaza directa a la salud pública, especialmente cuando se trata de productos adulterados o de dudosa procedencia.
Gilda Castro, directora ejecutiva de Fenalco Atlántico, destacó que este tipo de espacios permiten enfrentar el flagelo que afecta la competitividad del comercio formal en el departamento y en Barranquilla.
“El contrabando genera competencia desleal, afecta la salud pública y debilita la capacidad del Estado para financiar servicios esenciales. Comprar productos legales es un acto de responsabilidad con el país”, indicó.
Fuente: Gobernación del Atlántico
