Sobre el borrador de decreto, mediante el cual el gobierno plantea reprogramar vigencias futuras, instrumento financiero para apalancar proyectos de infraestructura, bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP), la CCI, en cabeza de su presidente ejecutivo, Juan Martín Caicedo Ferrer, hace las siguientes consideraciones:
La propuesta contenida en el proyecto de decreto genera serias dudas acerca de su constitucionalidad y legalidad, por cuanto desconoce instancias y procedimientos actualmente regulados en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y en la ley de Asociaciones Público-Privadas.
El borrador de decreto contraría abiertamente el control de advertencia recientemente expedido por el señor contralor general de la República, en el sentido de que las vigencias futuras -pactadas en los contratos de concesión- no pueden modificarse unilateralmente.
La propuesta de decreto pone en serio riesgo la viabilidad financiera de todos los proyectos (iniciativas públicas de los programas 4G y 5G) y los recursos de ahorradores que están apalancando la ejecución de decenas de obras, su operación y mantenimiento a lo largo y ancho del país.
Cualquier modificación en el presupuesto, sin justificación técnica y legal, va en detrimento del propio Estado, afecta la confianza inversionista, defrauda el principio de transparencia -que debe primar en una relación contractual- y limita por ende las posibilidades de generar valor agregado, competitividad y desarrollo económico.
El proyecto de decreto, en la práctica, generaría un incumplimiento de los contratos por parte del Estado, lo cual causaría perjuicios y detrimento patrimonial.
Modificaciones en las reglas de juego, como lo plantea el proyecto de decreto, generan barreras de entrada para la inversión e inseguridad jurídica.
Fuente: Cámara Colombiana de la Infraestructura – CCI
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